¿Es posible otro Plan Platita antes de las elecciones?

06-02-2023

La prioridad del Gobierno es bajar el déficit para evitar un shock inflacionario. Para los expertos, emitir y subsidiar el consumo es riesgoso porque el mercado está muy atento a cualquier volantazo.

El Gobierno encara un año decisivo con las limitaciones que impone una economía con alta inflación, falta de dólares y desaceleración de la actividad. En este contexto y condicionado por el acuerdo con el FMI, “la política económica será muy distinta a la que está acostumbrado el peronismo en años de elecciones”, indica un informe de la consultora Analytica.

Alude a las herramientas clásicas de estímulos al consumo y mejoras al bolsillo de la gente que suelen aplicar los oficialismos para volcar un resultado. “No hay margen para otro Plan Platita porque el abismo está muy cerca y el Gobierno está al tanto de la situación”, resume Claudio Caprarulo, de Analytica.

Palabras más, palabras menos, casi todos los entendidos sostienen que la mejor apuesta del equipo económico es bajar la inflación y evitar un salto de los dólares financieros. “El riesgo es llegar a las urnas con una inflación de 7%”, agrega Caprarulo.

El fantasma de la inestabilidad sobrevuela en todos los análisis.Por un lado, por el compromiso con el FMI de reducir el déficit primario este año de 2,4% a 1,9% del PBI. Pero no solo eso. Existe una encrucijada entre reactivar la economía (lo que implica mayores importaciones con escasez de divisas) y frenar los precios. “La prioridad es bajar la inflación porque el riesgo de un descontrol cambiario es alto e inflacionario”, analiza Federico Furiase, de Anker.

Hay una línea directa entre inflación, poder de compra de los salarios, consumo y humor social. En la actual coyuntura, dicen los entendidos, “el gasto electoral va a estar seriamente limitado”, subraya el economista Sebastián Menescaldi, director asociado de Eco Go. “Hay poco margen para expandir el gasto”, añade Furiase en forma rotunda.

En la mira están las variables “típicas” de los años electorales. Como pisar el tipo de cambio para bajar los precios y mejorar los salarios, o emitir para volcar dinero a la calle (bonos, ayuda social o subsidios) o medidas para estimular el consumo (planes en cuotas). “No hay uso fiscal posible sin costos de inflación y brecha cambiaria”, explica Furiase.

Al igual que otros economistas, Menescaldi no descarta acciones de ese tipo. “Seguramente se van a implementar medidas para endulzar el bolsillo de los trabajadores, pero probablemente su duración sea más corta que en otras ocasiones y el efecto de las mismas sea solamente de 'propaganda' y no real”, aclara.

“El país se enfrenta una vez más con la restricción presupuestaria. Esto es falta de financiamiento para afrontar el déficit más los vencimientos de deuda”, interpreta Fernando Marengo, de Arriazu Macroanalistas. Frente a esto, el economista plantea dos alternativas. Una es aceptar la estrechez de recursos y “llevar a cabo una política fiscal austera”. La otra “es ignorar la falta de financiamiento e intentar una expansión del gasto, la que podría moderar la recesión al costo de mayor inflación, más perdida de reservas del BCRA e incremento de la brecha cambiaria”.

Se trata de un desfiladero muy estrecho, muy similar al que afrontó el gobierno de Mauricio Macri en 2019. “La crisis obliga al equipo económico a sostener un sendero de contracción para evitar un nuevo shock inflacionario”, señala el informe de Analytica, la consultora dirigida por el economista Ricardo Delgado. “No importa el escenario, el mercado está muy atento a cualquier volantazo de último momento”, opina Caprarulo.

El temor es que ocurra un nuevo fogonazo en los precios en la previa electoral. La inflación el año pasado escaló al 94,5% y las consultoras privadas proyectan un piso del 85% para 2023. Natacha Izquierdo, de Abeceb, dice que con una inflación tan alta, con menos dólares (efecto de la sequía) y más cepo a las importaciones, lo único que mantiene el consumo es la falta de alternativas de ahorro. “Porque los pesos queman”, dice.

El turismo de cabotaje (gastronomía, hoteles), las propiedades, la construcción (remodelaciones o refacciones) y los bienes semidurables, entre otros, tienen mejores chances en este contexto particular. Como contrapartida, lo que está más complicado es el financiamiento al consumo debido a su encarecimiento. “En una economía con alta inflación y con tasas de interés récord, cae el crédito en los bancos y también el saldo deudor de las familias”, indice un estudio de First Capital.

Por un lado, hay menos oferta de cuotas y los plazos son menores. El resultado está a la vista y las cifras son contundentes. La deuda promedio por familia en términos reales (descontada la inflación) pasó de $110.000 en julio de 2018 a casi $71.000 en junio de 2022. Guillermo Barbero, de First Capital, argumenta que el monto final de un producto a financiar, entre capital e interés, es cada vez más alto. “Con las tasas actuales, comprar una heladera en 12 cuotas duplica el costo. Eso asusta”, define.

Para Menescaldi, lo que más cayó son los préstamos prendarios(para compra de autos y motos) y las hipotecas. “Hay dos factores. El encarecimiento del crédito y la suba de precios de los bienes por encima de los salarios. Cuando cae la confianza y hay faltas de perspectivas, la tendencia es consumir menos”, expresó el economista.

Así las cosas, los especialistas creen que la única manera de estimular las ventas es controlar la inflación. “La mejor opción (del oficialismo) es ser un buen piloto de tormenta”, dice Caprarulo, con el objetivo de evitar a toda costa un salto brusco en las cotizaciones de los dólares financieros.

“Se podría desacelerar algo la suba del tipo de cambio oficial, pero no mucho porque no hay reservas. Tampoco hay chances de expandir el gasto, porque no hay financiamiento”, analiza Furiase.

El consumo, así, no cuenta con grandes posibilidades para progresar. Es una variable que depende de dos cosas: el poder de compra de los salarios y el crédito. Son las dos claves del año electoral que recién comienza.

La crisis desgasta viejas fórmulas para estimular el consumo. También pierde consistencia la estrategia de efectuar controles de precios para combatir la inflación.Este viernes, el Gobierno lanzó una nueva versión de Precios Justos, ampliada a casi 50.000 productos, que contiene una canasta de 2.000 productos congelados por 5 meses y un aumento tope de 3,2% mensual para todo el resto.

Todo para enfriar los precios. La inflación de 2022 rozó el 95% y para este año las consultoras pronostican un piso de 85%, siempre que la crisis no se profundice. El “Plan Llegar” del ministro de Economía, Sergio Massa, afronta numerosos desafíos, en un año en que se prevé una menor entrada de dólares (por la sequía) y un ajuste del déficit fiscal comprometido en el acuerdo con .

El Gobierno cuenta con pocas herramientas para expandir el gasto y estimular el consumo para mejorar el humor social. Los planes en cuotas con tasas subsidiadas ya no son eficaces, tal como ocurrió con el Ahora 30 (que ofreció resultados muy mediocres). Por la suba de las tasas de interés, en 2022 el crédito al sector privado se contrajo 14%. En la comparación interanual, los préstamos de los bancos al consumo fueron los más afectados: cayeron 16% en términos reales, según fuentes del sector financiero.

Un caso ilustrativo es el Plan Mi Moto, que permite comprar motocicletas en cuotas subsidiadas a través del Banco Nación. Desde su entrada en vigencia a fines de 2020 a la fecha, representaron apenas el 1% de las ventas totales.

El Ahora 30 fue un plan que permitía financiar la compra de TV, aires, celulares, lavarropas y heladeras en 30 cuotas fijas y entró en vigencia el pasado 22 de octubre. El programa fracasó, sobre todo por la enorme cantidad de rechazos de operaciones por el bajo cupo que tienen las tarjetas de crédito en general.

“En una economía con alta inflación y con tasas de interés récord, cae el crédito en los bancos y también el saldo deudor de las familias”, indica un estudio de First Capital. Por un lado, hay menos oferta de cuotas y, por otro, los plazos son menores. El resultado está a la vista y las cifras son contundentes.

La deuda promedio por familia en términos reales (descontada la inflación) pasó de $110.000 en julio de 2018 a casi $71.000 en junio de 2022. Guillermo Barbero, de First Capital, argumenta que el monto final de un producto a financiar, entre capital e interés, es cada vez más alto. “Con las tasas actuales, comprar una heladera en 12 cuotas duplica el costo. Eso asusta”, añade Barbero.

Este viernes, en un acto encabezado por Massa, el Gobierno relanzó Precios Justos. La nueva edición abarca a 49.832 artículos (con subas topes de 3,2% mensuales), según se estableció de común acuerdo con 482 empresas de más de 15 rubros diferentes, entre ellos consumo masivo, laboratorios, textiles, indumentaria, calzado deportivo, cosméticas y hasta insumos industriales. “Es una pauta voluntaria para ordenar los precios”, proclaman cerca de Tombolini.

Hasta el momento, y pese a los esfuerzos del Gobierno, los controles de precios nunca funcionaron. Durante la actual gestión, ya hubo 5 secretarios de Comercio que lo intentaron de diferentes manera: Paula Español, Roberto Feletti, Guillermo Hang, Martín Pollera y Tombolini.

Más allá del nombre y el énfasis en aplicar controles, la inflación no paró de escalar. Luego de marcar el 7,4% en julio tras la renuncia de Martín Guzmán, el costo de vida fue decayendo hasta noviembre (4,9%). En diciembre escaló a 5,1% y, para las consultoras privadas, en enero habría repuntado un poco más.Los pronósticos oscilan entre 5 y 6%.

“La inflación es el peor veneno que tiene una economía porque es pérdida del valor de la moneda, pérdida del valor del salario, pérdida del valor del patrimonio, pero además porque significa que no hay reglas”, subrayó Massa, en el acto de relanzamiento en esta nueva versión de Precios Justos ampliada, con la que se intenta establecer precios de referencias para casi todas las categorías de consumo.